5 October, 2022
Diario de Guerrero

DESDE 1947

Ni “error involuntario” ni se soluciona con una “fe de erratas” la alteración de la ley

La alteración que sufrió la Ley 179 de Seguridad Pública al ser difundida en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, no se soluciona con una simple “fe de erratas”, pero además no puede dejarse pasar por alto de manera tan fácil, porque se trata de la comisión de un delito grave que debe ser castigado, consideraron los abogados Evencio Romero Sotelo y Trinidad Zamacona López.

El también dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, Evencio Romero, afirmó que la alteración del segundo artículo transitorio de la mencionada Ley fue hecha de mala fe, por lo que consideró que no es necesario “darle tantas vueltas” ni enredos demagógicos para subsanar este error y urgió a que la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local interponga una denuncia penal por alternación de documentos oficiales, delito que se encuentra establecido en el Código Penal y que sanciona con cinco a diez años de prisión para quien resulte responsable.

En su oportunidad, el abogado y catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Trinidad Zamacona López, consideró también que esta pifia cometida en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, no puede quedar así y justificarse en el hecho de que “fue un error involuntario”.

“No puede quedar así nada más, porque de lo contrario sería un acto reiterativo, por lo que para evitar esto tiene que haber una sanción ejemplar”, mencionó.

Por lo anterior, señaló que la investigación que se lleve a cabo para deslindar responsabilidades por la alteración del artículo segundo transitorio de la Ley 179 de Seguridad Pública debe de ser “tanto al interior del Congreso local como hacia afuera hasta sus últimas consecuencias, por el bien del propio Congreso local como de los ciudadanos”. Zamacona López señaló que en este caso sólo hay dos personas que pudieron haberle metido mano a la ley: uno es el propio presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Alfredo Sánchez Esquivel, o bien el Oficial Mayor o secretario de Asuntos Parlamentarios.

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